La Comisión
de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, en su reunión del 2 de marzo de
2005, consideró que, dentro de la
orientación que debería tener la economía española hacia un modelo de
crecimiento estable y sostenido, la
Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) debería ser considerada dentro del
marco de la “Declaración para el Diálogo Social de 2004”.
A partir de
la citada consideración, el Gobierno, las Organizaciones Empresariales y
Sindicales decidieron incorporar la materia de RSE al temario de la agenda del
Diálogo Social, constituyendo un grupo de trabajo específico e iniciándose en
marzo del presente año, un proceso de elaboración de propuestas que pudieran
concluir en un documento de acuerdos con el fin de impulsar y difundir las
prácticas de RSE en España.
En el trabajo
desarrollado se han tenido en consideración las distintas elaboraciones
producidas desde el ámbito institucional Europeo en materia de RSE, desde las
primeras referencias en la Cumbre Lisboa; la Agenda Social de la Cumbre de Niza
(ambas en el año 2000); el Libro Verde del 2001; pasando por la comunicación de
la Comisión de julio 2002, las conclusiones del Foro Multilateral europeo y del
Grupo de Alto Nivel de representantes de los Gobiernos y del Parlamento y la
Agenda Social de febrero de 2005, hasta la Comunicación de la Comisión de marzo
de 2006 y la Resolución del Parlamento Europeo de marzo de 2007.
Asimismo se
ha contado con las iniciativas y los debates que, en materia de RSE, se han
producido en España durante estos últimos años y en las que de distinta forma y
nivel han participado el Gobierno, las Organizaciones Empresariales y
Sindicales. Desde las experiencias en la participación en el Pacto Mundial; el
Punto Nacional de Contacto; las recomendaciones de la Subcomisión del
Parlamento y la Moción aprobada en el Senado el pasado día 29 de mayo, así como
los trabajos del Grupo de Expertos y, fundamentalmente, los compromisos
adquiridos entre las Organizaciones Empresariales y Sindicales en el marco de los
Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva (AINC) de 2004 a 2007.
En tal
sentido es necesario un marco de estímulo que refuerce y extienda los
compromisos libremente asumidos por las empresas, administraciones públicas y
organizaciones en sus prácticas de RSE. El Gobierno, las Organizaciones
Empresariales y Sindicales, consideran que el estímulo de prácticas de
responsabilidad social constituye un serio compromiso y un esfuerzo complejo
que ha de contar con el mayor grado de implicación y de consenso
En
consecuencia y en el objetivo común de alcanzar unos mayores niveles de
desarrollo económico y competitividad empresarial, de calidad en el empleo, de
bienestar social, de cohesión territorial y de sostenibilidad ambiental, el
texto que a continuación se presenta refuerza el Diálogo Social y representa la
contribución desde el compromiso y la cultura tripartita a la promoción y
extensión de las prácticas de RSE.
I. Concepto y ámbito
ALCANCE
La percepción
del papel que desempeña la empresa en el seno de la sociedad ha ido variando a
lo largo del tiempo y se puede afirmar hoy más que nunca que las sociedades
desarrolladas consideran la promoción de las iniciativas empresariales como una
contribución importante al bienestar social y del progreso. De hecho, lograr
que la sociedad en general siga percibiendo a la empresa como un generador de
valor supone un reto constante no sólo para las propias empresas sino también
para los poderes públicos, que están interesados en crear un clima propicio a
su crecimiento.
En ese
sentido, y desde la perspectiva del marco del Diálogo Social, la premisa
fundamental de la Responsabilidad Social es la defensa de un modelo económico
sostenible, responsable y con plena participación de los interlocutores
sociales. A la vez, la RSE pretende dar respuesta al requerimiento de la
transformación de las empresas; por un modelo de empresa innovada, sostenible,
socialmente responsable y con modernas y equilibradas relaciones laborales.
Este modelo
debe afrontar el reto de anticiparse a los cambios y se inscribe en los
compromisos nacionales y europeos de manera que sirva para reforzar la
competitividad de nuestro tejido productivo y con el objeto de hacer de nuestra
economía una de las más avanzadas del mundo, a partir de sistemas industriales
que tengan en cuenta el desarrollo sostenible como carácter fundamental del
modelo productivo y de los servicios donde la cohesión social y el empleo
representen un componente básico para el crecimiento y no sean considerados
únicamente un coste.
DEFINICIÓN
Existen
algunas definiciones que han recogido lo que es o debe ser la RSE, como
concepto que se enmarca dentro de la Estrategia Europea del Desarrollo
Sostenible. Este es el caso de la definición proporcionada por la Comisión
Europea: “Un concepto a través del cual la empresa integra de forma voluntaria
las dimensiones social y ambiental en sus operaciones de negocio y en sus
relaciones con los grupos de interés.”
Desde el
Diálogo Social se pretende contribuir con una definición que, considerando diversas propuestas, enmarque la
RSE desde el entendimiento y compromiso de los agentes sociales:
Teniendo en cuenta el carácter global de la RSE y,
entendida ésta como una contribución y una oportunidad para el desarrollo
sostenible, el crecimiento económico y la cohesión social, se puede definir la
RSE como un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y
medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones
públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus
obligaciones legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en
el marco de un desarrollo sostenible.
PREMISAS
Las premisas
sobre las que se asientan las prácticas de RSE giran en torno a los siguientes
puntos:
• El refuerzo
de la función principal de la empresa que es la creación de riqueza y empleo.
• El carácter
voluntario de las actuaciones de RSE.
• La estrecha
y necesaria vinculación de las iniciativas en el ámbito de la Responsabilidad
Social a la viabilidad y competitividad de la actividad empresarial.
• El carácter
gradual y progresivo en el desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta los distintos puntos de
partida y llegada según los diferentes contextos y necesidades.
• Su
adaptación a diversos sectores, contextos geográficos y tamaños de empresas,
con especial atención a las PYMES.
• La
importancia de resaltar lo que las empresas vienen realizando en este ámbito
desde hace tiempo y que debería ser reconocido como contribuciones en el ámbito
de la Responsabilidad Social.
• La
implicación de los grupos de interés en las prácticas de RSE, partiendo de un
compromiso mutuo. En el ámbito de las relaciones laborales resulta esencial la
participación de los representantes legales de los trabajadores.
OBJETIVOS
El presente
documento es una contribución a la clarificación de conceptos y prácticas de
Responsabilidad Social con el fin de proporcionar un elemento práctico,
orientativo y eficaz de referencia. La RSE trata de iniciativas y compromisos
que no se limitan a la tradicional acción social y el patrocinio y mecenazgo de
acciones culturales y deportivas. Tienen que ver también con otras prácticas
como el respeto y la promoción de los derechos humanos; la lucha contra la
corrupción, la extensión de las “buenas prácticas laborales”; el impulso del
empleo estable; las políticas de igualdad; la incorporación al mercado de
trabajo de los colectivos con especiales dificultades; la adopción de
estrategias de adaptación al cambio; la implementación de procesos productivos
y servicios respetuosos con el medio ambiente; el compromiso local, el consumo y la responsabilidad social en las
inversiones, la cadena de valor; la educación; el intercambio de experiencias y la promoción
de la RSE.
PRINCIPIOS GENERALES DE LA RSE
Voluntariedad: La Responsabilidad Social es
voluntaria. Se refiere al compromiso de integración de criterios sociales,
laborales y medioambientales en la gestión de las empresas, intentando
involucrar en dicha gestión a los distintos grupos de interés directamente
afectados por sus actuaciones.
Valor añadido: La RSE es un instrumento que tiene que ayudar
a la creación de un valor añadido que repercuta en la mejora de la empresa a
medio y a largo plazo. Este valor añadido se mide en relación con la atención
que presta en las diversas actividades que afectan a los grupos de interés más
relevantes atendiendo a la especificidad de su negocio y al entorno en el que
opera (clientes, consumidores, accionistas, inversores y en especial
trabajadores).
Integración y
eficiencia: Las actuaciones en el ámbito de la RSE deberían tender a integrarse
progresivamente en las distintas políticas de la empresa, de manera que desde
el propio núcleo de la actividad empresarial se extienda a los distintos
procesos y sistemas de gestión. La RSE busca
la mejora continua y la eficiencia del proyecto empresarial. Ha de
gestionarse teniendo en cuenta la viabilidad económica de la empresa a corto y
a largo plazo y con el rigor de una inversión económica.
Adaptabilidad y flexibilidad: Las iniciativas que se
emprenden en el ámbito de la RSE no pueden vincularse a un marco excesivamente
rígido, sino permitir que las particularidades de la naturaleza del negocio,
ámbito geográfico de operación, tamaño de la empresa y otras especificidades
sean tenidas en cuenta a la hora de ejecutar actuaciones concretas.
Credibilidad: El objetivo básico es comunicar a las partes
interesadas y a la sociedad en general las actividades empresariales
desarrolladas y su repercusión en los distintos ámbitos. Para ello, se debe
avanzar en la extensión y mayor uso de elementos básicos que den credibilidad y
rigor a la RSE. “La transparencia es un componente esencial del debate sobre la
RSE puesto que contribuye a mejorar sus prácticas y comportamiento, al tiempo
que permite a las empresas y terceras partes cuantificar los resultados
obtenidos”1.
Globalidad: La Comunicación de la Comisión, reconoce el
carácter global de la RSE, señalando que “la gobernanza mundial y la
interrelación entre el comercio, la inversión y el desarrollo sostenible son
aspectos cruciales del debate sobre la Responsabilidad Social de las Empresas”.
Es evidente, que las decisiones y las actividades de las empresas no están
circunscritas a un solo país. Frecuentemente, en alguno de ellos existen vacíos
legales, una legislación laboral débil (además de una falta de representación
sindical) y/o instituciones ineficientes, por lo que las políticas públicas y
las políticas de RSE pueden contribuir a paliar estas situaciones.
La Responsabilidad
Social de las Empresas se muestra en las operaciones que ejecuta en todos los
países, extendiendo el comportamiento socialmente responsable a proveedores y
subcontratistas. En definitiva, se trata de conseguir empresas económicamente
rentables, sostenibles medioambientalmente y socialmente responsables, tanto en
el ámbito interno como con terceros y con la sociedad.
Dimensión y
naturaleza social: El objetivo de la RSE es reforzar la función social de la empresa, asumiendo
voluntariamente compromisos más allá de la legislación vigente y teniendo en
cuenta los distintos grupos de interés (trabajadores, clientes, accionistas,
proveedores, consumidores, medio ambiente, derechos humanos, etc.) que son, en
última instancia, los beneficiarios de los resultados de los procesos
productivos.
Dimensión y naturaleza medioambiental: Está vinculada
estrechamente al concepto de desarrollo sostenible, entendiendo ésta como la
vía de asegurar que el crecimiento económico y social satisfaga las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer las propias. Teniendo en cuenta la situación actual, las estrategias
de los poderes públicos en materia medioambiental deberían propiciar la
implicación de las empresas, los sindicatos y las organizaciones de ciudadanos,
ya que la desatención o los ataques al medio ambiente pueden provocar
violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas
que trabajan y viven en ese ambiente afectado.
Implicación y
participación de los trabajadores: Se considera que la participación e implicación de
los trabajadores en las estrategias y políticas de RSE es un buen instrumento
para el desarrollo y el fomento de las mejores prácticas de responsabilidad
social, en aspectos tales como el aprendizaje y la formación, la organización
del trabajo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el cambio
industrial y las reestructuraciones.
Las referidas prácticas han de coadyuvar a la mejora
de la competitividad, la creación de empleo, la mejora de las condiciones de
trabajo y el desarrollo sostenible.
II. Políticas Públicas
Una de las
características de las prácticas de RSE en España es su carácter aún
incipiente, razón por la cual la finalidad primera de las políticas de estímulo
debe ser ampliar el grado de implicación de distintas empresas en dichas
prácticas. Por ello, uno de los enfoques de las políticas públicas de la RSE
debe ser, pues, el de la promoción y el estímulo. La propia naturaleza de la
RSE requiere además que en las políticas de estímulo se otorgue un protagonismo
especial a los sujetos a los que van dirigidas las mismas, esto es, las
empresas.
En la
dirección apuntada, desde el Diálogo Social y en coherencia los contenidos de
la declaración firmada en julio de 2004 entre el Gobierno y las Organizaciones
Empresariales y Sindicales sobre “Competitividad, empleo estable y cohesión
social”, se considera que la RSE precisa de un decidido impulso que promocione
y fomente las prácticas y las acciones de responsabilidad social enmarcadas en
la estrategia compartida de progreso social, crecimiento económico y desarrollo
sostenible2.
Del mismo
modo, resulta esencial que dichas iniciativas de estímulo sean coherentes con la
propia naturaleza de la RSE. La finalidad debe ser la de incentivar y atraer
sobre la base de las oportunidades que a medio y largo plazo presentan esas
prácticas. Para ello es esencial apostar por prácticas de RSE cuyas ventajas se
vinculen a aspectos que mejoran la competitividad empresarial, así como la
creación de empleo, la cohesión social y el respeto al medio ambiente.
Igualmente,
las políticas públicas de estímulo deberían evitar encarecer o añadir nuevas
obligaciones o cargas administrativas, directas o indirectas, a la actividad
empresarial o a las prácticas de RSE.
PROPUESTAS PARA LA PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA RSE
1. Mejora del conocimiento de la RSE: claridad
y credibilidad en las prácticas de responsabilidad social.
A pesar de
que los debates en torno al concepto y las iniciativas de la RSE se han
extendido en distintos ámbitos desde hace ya algunos años, lo cierto es que la
proliferación de iniciativas desde todo tipo de instituciones y organizaciones
ha provocado un cierto grado de confusión.
Teniendo en
cuenta la definición de RSE realizada por la Comisión Europea así como las
emitidas en España desde el Diálogo Social y el Foro de Expertos, los poderes
públicos, como una de sus primeras actuaciones, contribuirán a mejorar la
claridad del debate relativa a la RSE. Para ello, se considera útil realizar
actividades conjuntas con las Organizaciones Empresariales, Sindicales y otros
grupos de interés representativos, de carácter divulgativo e informativo que
podrían servir para:
• Identificar
las prácticas o actuaciones que se inscriben dentro del concepto de
Responsabilidad Social.
• Orientar
sobre las ventajas que supone asumir compromisos en este ámbito.
• Orientar
sobre los distintos instrumentos existentes, nacionales e internacionales,
vinculados a la RSE.
• Informar
sobre tendencias futuras a la vista de los desarrollos recientes en este
ámbito.
• Exponer
casos que puedan considerarse como prácticas de interés.
• Orientar
sobre el modo a través del cual las prácticas de RSE se pueden adaptar al
tejido de las PYMES.
2. Vinculación de RSE a los factores de
competitividad, creación de empleo, cohesión social y las prácticas respetuosas
con el medio ambiente.
Más allá de
la delimitación y difusión del concepto y prácticas de RSE, resultaría de
extrema utilidad las actividades e iniciativas públicas que ayuden a vincular e
identificar la RSE con la competitividad del tejido productivo, la creación de
empleo en un marco de cambio laboral, la cohesión social y las prácticas
comprometidas con las estrategias de desarrollo sostenible y respetuosas con el
medio ambiente.
Las
Administraciones Públicas deberían favorecer el conocimiento e intercambio de
experiencias y buenas prácticas de RSE que vinculan la competitividad de la
empresa en el mercado con actuaciones en el ámbito de empleo, cohesión social y
desarrollo sostenible, las políticas de igualdad, de conciliación de la vida
personal y laboral, etc.
3. Análisis y difusión de buenas prácticas.
El espectro
en el que operan las prácticas de RSE es tan amplio como lo es el de los grupos
de interés en los que impacta la actividad de una empresa u organización. Por
ello, las políticas públicas de fomento y estimulo de la RSE necesitan de un
enfoque específico vinculado a los distintos grupos de interés o a las
distintas materias en las que se observa un especial desafío. Como ámbitos de
análisis específico en los que la actividad de los poderes públicos en
colaboración con las organizaciones empresariales resultaría de gran utilidad
destacan:
• Trabajadores/ Diálogo Social.
− La RSE y las relaciones laborales: puntos de
convergencia.
- Desafíos.
Prácticas de RSE vinculadas a los trabajadores.
−
Conciliación de la vida profesional y privada.
− Igualdad e integración de los colectivos con
dificultades.
− Condiciones de trabajo.
− Participación/Implicación, derechos colectivos y
RSE.
• Cadena de
valor y RSE: prácticas y mecanismos para involucrar a proveedores en políticas
de RSE.
•
Consumidores, clientes y usuarios.
• Actuaciones
de colaboración directa con los poderes públicos.
• Acciones en
el marco de la sostenibilidad, actuaciones medioambientales. • El reporte y la
RSE
• La medición
del progreso en las actividades de RSE.
• Promoción
del espíritu de empresa y RSE.
• Acción
social de la empresa.
4. Consumo responsable
Contemplar la
pertinencia de la integración de los principios de Responsabilidad Social en
las políticas de consumo así como, en su caso, la información dirigida a los
consumidores sobre esta cuestión, teniendo en cuenta las iniciativas de las
organizaciones e instituciones de defensa de los derechos de los consumidores.
5. Promoción de las capacidades y competencias
de los interlocutores sociales para el desarrollo de la RSE.
• Facilitar
la participación de los interlocutores sociales y, cuando proceda, de otras
organizaciones sociales representativas en el desarrollo de las políticas
sociales impulsadas por los poderes públicos locales, autonómicos y estatales.
Las organizaciones empresariales y sindicales son los interlocutores en el
ámbito de las políticas de estímulo de la RSE dirigidas a los trabajadores.
• Apoyar el
desarrollo de las capacidades de gestión de las políticas de RSE por parte de
las empresas, las organizaciones empresariales y sindicales y otras
organizaciones sociales representativas.
• Fomentar la
educación y formación en materia de RSE de los cuadros directivos de las
empresas, los representantes de los trabajadores y los responsables de las
distintas organizaciones sociales representativas y de las Administraciones
Públicas.
• Favorecer
el conocimiento y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia
de RSE entre las empresas.
• Crear
foros, redes y otras formas de articulación de la cooperación para hacer frente
a los principales problemas de
desarrollo a los que se enfrenta España, como la regeneración de zonas en
declive, el fomento del empleo y la inclusión social, el desarrollo de la formación y la economía del conocimiento o la
investigación y la innovación.
6. Modernización y adaptación de las relaciones
laborales.
• Una
política orientada a promover la modernización y adaptación de las relaciones
laborales a la nueva realidad de la empresa junto a una política de recursos
humanos de calidad son fundamentales en una concepción integral y auténtica de
la RSE. En esta dirección se han de considerar en las relaciones laborales: las
mejores prácticas en materia de igualdad, en integración de la discapacidad,
protección de la salud, reducción de la siniestralidad laboral, la formación,
el fomento de la estabilidad en el empleo y la profundización en la
conciliación de la vida laboral y familiar.
• Incorporar
a la RSE la adaptación y la gestión del cambio laboral. Ante los efectos de la
globalización económica y las transformaciones productivas la RSE debe servir
para conocer e integrar las medidas adoptadas por las empresas y los poderes
públicos ante los procesos de
reestructuración laboral; deslocalizaciones empresariales y otras
actuaciones empresariales que tienen impactos muy profundos sobre el empleo y
la cohesión social y territorial. En este sentido, la Declaración suscrita en
el ámbito europeo por la Organización Sindical CES y las Organizaciones
Empresariales UNICE/UEAPME y CEEP, el 16 de octubre de 2003, recoge una serie
de orientaciones que pueden servir de referencia.
7. Fomento de la RSE y el desarrollo
sostenible.
• Desarrollar
políticas de promoción e incentivos de la RSE aplicados tanto a grandes
empresas como a las PYMES vinculadas al desarrollo sostenible.
• Considerar
la promoción de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) como un
elemento sustantivo de la RSE.
• Promover
una visión de la gestión de las organizaciones orientada por los principios del
desarrollo sostenible y de la Responsabilidad Social.
• Incluir el estudio
de los principios de Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible en la
educación.
• Promover en
las enseñanzas universitarias, especialmente en las materias relacionadas con
el estudio de las organizaciones, la economía, la comunicación y la
administración y gestión de empresas, la incorporación de la formación en
materia de RSE.
• Establecer
prioridades de políticas públicas congruentes con los objetivos de la Agenda de
Lisboa en materia de RSE, así como con las propuestas para fomentar las
prácticas de RSE contenidas en la Comunicación de marzo de 2006 de la Comisión
Europea.3
• Fomentar un
mayor interés y compromiso de las empresas por la cooperación y el desarrollo,
así como la participación de las mismas en los proyectos y programas de
desarrollo sostenible.
8. Estímulo a las empresas
para el informe de RSE.
• Potenciar
la elaboración y difusión de memorias y/o informes de RSE y de sostenibilidad
de acuerdo a estándares nacionales o internacionales.
• Fortalecer
y dar mayor utilidad a la iniciativa del Punto Nacional de Contacto (PNC) para
el desarrollo y seguimiento de las directrices de la OCDE. En relación con la
resolución de disputas sobre la aplicabilidad de las Directrices de la OCDE
sobre Empresas Multinacionales la actividad PNC se centra en una labor de
buenos oficios.
• Poner en
marcha por los poderes públicos una política pública de promoción del Informe
de RSE que tenga en consideración los siguientes aspectos
− Apoyo
técnico a las empresas
− Catálogo de
herramientas de información
− Buenas
prácticas de información
− Consideración y adaptación a los distintos
perfiles y tamaños de empresas e instituciones
− Temas e
indicadores de medida susceptibles de
ser incluidos en el Informe de RSE
. − Instrumentos que permitan constatar la idoneidad
del informe de RSE.
9. Fomento de la RSE en las PYMES
• Considerar
las singularidades de las pequeñas y medianas empresas en la implantación y
desarrollo de la RSE, apoyando especialmente los procesos de RSE en los
momentos de inicio.
• Recibir
información clara y útil sobre procesos RSE diseñados específicamente según las
necesidades de la PYME. Por ejemplo, a través de folletos informativos como los
que ya ha propuesto la UE.
• Ayudar a la
visualización pública en los avances dados en la incorporación de criterios de
RSE de manera progresiva.
• Estimular
la promoción de redes y actividades conjuntas para las PYMES orientadas al
desarrollo de la RSE.
10. Consejo de RSE
El Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales promoverá la creación del Consejo Estatal de RSE,
como un órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno, encargado de
impulsar y fomentar las políticas de RSE.
Los objetivos
del Consejo Estatal serán:
• Constituir
un foro de debate sobre RSE entre las Organizaciones Empresariales y Sindicales
más representativas, Administraciones públicas y otras organizaciones e
instituciones de reconocida representatividad en al ámbito de la RSE 4 que
sirva como marco de referencia para el desarrollo de la RSE en España.
• Fomentar
las iniciativas sobre RSE, proponiendo al Gobierno, en el marco de sus
funciones asesoras y consultivas, medidas que vayan en ese sentido, prestando
una atención especial a la singularidad de las PYMES.
• Informar,
en su caso, sobre las iniciativas y regulaciones públicas que afecten a las
actuaciones de empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas
contempladas en el apartado DEFINICIÓN del apartado I de este documento (página
3, párrafo 3º), desde la perspectiva de la RSE.
• Promocionar
estándares y/o características de las memorias y/o informes de RSE y de
sostenibilidad, así como herramientas más adecuadas para su elaboración y
seguimiento.
• Analizar el
desarrollo de la RSE en España, la Unión Europea y países terceros, e informar
sobre actuaciones en materia de RSE.
En
cumplimiento de los objetivos establecidos, el
Consejo Estatal de RSE tendrá las funciones de emitir informes y elaborar
estudios a solicitud del Gobierno o por propia iniciativa, elaborar y elevar
una memoria anual al Gobierno, constituirse como Observatorio de la RSE en
España, promover y fomentar iniciativas de
Responsabilidad Social de las
empresas, colaborar y cooperar con otros Consejos análogos, incluidos los de
nivel internacional, así como participar, en la forma en que se determine, en
los foros nacionales e internacionales constituidos para tratar temas de RSE.
El Consejo estará
integrado, de forma cuatripartita y paritaria, por representantes de las
Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas, Administraciones
públicas y otras organizaciones e instituciones
de reconocida representatividad en al ámbito de la RSE5.
El
funcionamiento del Consejo se llevará a cabo a través de los órganos que se
definan en las normas de funcionamiento. La adopción de decisiones bajo el
principio de consenso se configurará en las normas de funcionamiento antes
citadas, que se someterán a la consulta previa de los interlocutores sociales.
1 Comunicación
de la Comisión Europea de 2.7.2002 relativa a la responsabilidad Social de las
Empresas: Una contribución empresarial al desarrollo sostenible.
2 Del título
II de la Declaración del Diálogo Social “El Gobierno, las organizaciones
sindicales y las organizaciones empresariales firmantes de la presente
Declaración manifiestan que es su objetivo común el que la sociedad española
alcance unos mayores niveles de desarrollo económico, de calidad en el empleo,
de bienestar social, de cohesión territorial y de sostenibilidad ambiental”.
3 Comunicación
de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico
y Social Europeo: Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el
empleo. Hacer de Europa un polo de excelencia de la Responsabilidad Social de
las Empresas.
4 Este grupo estará compuesto por:
Representantes de organizaciones no gubernamentales que reúnan, entre otros,
los siguientes criterios:
- Experiencia y
ámbitos de actuación en distintos aspectos de la RS.
- Extensión
geográfica de sus actividades.
- Volumen de
recursos destinados a las actividades de RSE.
Representantes de instituciones académicas
reconocidas por su actividad docente, de investigación y de asesoramiento en
este ámbito.
Fundaciones o asociaciones dedicadas
específicamente a cuestiones de RSE.
5 Este grupo
estará compuesto por: Representantes de organizaciones no gubernamentales que
reúnan, entre otros, los siguientes criterios:
- Experiencia y ámbitos de actuación en
distintos aspectos de la RS. - Extensión geográfica de sus actividades. -
Volumen de recursos destinados a las actividades de RSE.
Representantes de instituciones académicas
reconocidas por su actividad docente, de investigación y de asesoramiento en
este ámbito.
Fundaciones o asociaciones dedicadas
específicamente a cuestiones de RSE.
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